asesoriamoya Asesoria empresarial Palma de Mallorca Balears, Illes

Circulares informativas

Año 2015

Delitos contra la S.S. y los derechos de los trabajadores.

Asesoría Laboral M. Moyá, S.L.
Nóminas – Contratos – Seguros Sociales – Altas de empresa – IRPF -  Autónomos
Pensiones -  Empleados de hogar – Asistencia ante la Jurisdicción Social.
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NOTA INFORMATIVA.

LA  REFORMA DEL CÓDIGO PENAL  EN CUANTO A LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

El 18 de enero de 2013, entró en vigor la Ley Orgánica 07/2012, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Brevemente y respecto a lo que atañe a la lucha frente a los delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, señalar a mi juicio, lo más relevante al respecto.

El CP recoge en su artículo 307,  que el que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto de forma indebida, siempre que la cuantía defraudada exceda de 50.000 mil euros (antes 120.000 euros), será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y la multa correspondiente.

A los efectos de determinar la cuantía mencionada, se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales.

Así mismo, el artículo 307 ter del CP, señala que quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social (dentro de estas prestaciones debemos entender que se encuentran las prestaciones por desempleo, incapacidad temporal y permanente, pensiones de jubilación, viudedad, etc.), mediante la simulación o tergiversación de los hechos, o la ocultación consciente de los hechos, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Cabe señalar que en dicha norma no se precisa una cuantía mínima para su comisión, por lo que la pena irá en proporción a la gravedad de los hechos.

En consecuencia, hay que tener presente, que estar trabajando mientras se cobra el desempleo, llevar a cabo despidos simulados con el objeto  de obtener la prestación por desempleo, etc. En la actualidad, es constitutivo de delito con penas de hasta tres años de prisión.

Por otro lado, los artículos 211 al 318 del CP, recogen los delitos contra los derechos de los trabajadores.  Reproducimos el texto total o parcial de los que consideramos más relevantes:

Artículo 311.

Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses:

1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

2.º Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de:

a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores,

b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien, o

c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez trabajadores.

Artículo 312.

1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.
 
Artículo 313.

El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena prevista en el artículo anterior.

Artículo 316.

Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.